NO SE OLVIDA (O, LO QUE ES LO MISMO, “EL CONTRAINFORME 4”)

A continuación, la transcripción de un reportaje o crónica de Selene Ríos Andraca, la cual fue publicada en la página de Internet de La Quinta Columna (http://www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_sel_fallo_scjn.html):

Iniciará la Corte otra pesquisa contra Marín

Selene Ríos Andraca / Enviada especial / Ciudad de México

Con siete votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió desechar el dictamen de proyecto que exoneraba al gobernador Mario Marín Torres de su presunta intervención en la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. La mayoría de los ministros de la Corte decidieron iniciar una nueva investigación considerando la relación amistosa o económica entre el mandatario poblano y el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge, amén de analizar el contenido de la polémica conversación entre ambos personajes por los “efectos” que tiene sobre el caso Marín-Nacif.

En una acalorada sesión, el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, decidió que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo —quien desde la sesión del lunes se inconformó con el proyecto de investigación realizado por los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín— sea el nuevo coordinador de la investigación en contra del mandatario, de la titular de la PGJ, Blanca Laura Villeda Martínez y de la juez quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez González.

Cabe recordar que el pasado 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó iniciar una investigación en contra de Mario Marín por las presuntas violaciones a las garantías individuales que sufrió la periodista Lydia Cacho cuando fue detenida en Cancún, Quintana Roo por elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla.

El 16 de diciembre, Cacho declaró ante los medios de comunicación que durante el traslado de 20 horas sus derechos humanos habían sido violentados por parte de los judiciales, quienes la amenazaron de muerte y con golpearla todo el trayecto.

Pasados cinco meses de iniciar la investigación, los magistrados Emma Meza Fonseca y Vázquez Marín concluyeron que no existen pruebas de una “acción concertada” de las autoridades poblanas, incluido el mandatario con la intención de perjudicar a la autora de Los Demonios del Edén “en represalia por la denuncia que hizo de una red de pederastia y pornografía infantil”. El documento determinó, también, que las garantías de Cacho no fueron violadas.

Dicho proyecto fue presentado por el ministro Guillermo Mayagoitia Ortiz, quien hasta el final de la sesión defendió la investigación. A él se sumaron los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, éste último no fijó postura, bajo el argumento de que la mayoría había desechado el proyecto presentado.

Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo fueron los ministros que más criticaron el proyecto de dictamen y es que a su parecer el mismo excluía la relación entre Kamel Nacif y Mario Marín. Éstos integrantes de la Corte consideraron la posibilidad de utilizar la grabación entre Marín y Kamel para saber los “efectos” de ésta sobre la detención de Cacho.

Los ministros Margarita Beatriz Luna y Juan Díaz Romero no se opusieron a indagar más en el caso Marín-Nacif, aunque consideraron que la investigación ya podría darse por culminada. No obstante, votaron en contra del proyecto.

Margarita Beatriz Luna fue la primera en intervenir en la sesión, ella aseguró que el fundamento de la investigación era saber si Mario Marín intervino en la detención de la periodista, asimismo resaltó las inconsistencias de la integración de la denuncia y averiguación previa en contra de Cacho.

Luna aseguró que la denuncia fue integrada “fuera de los tiempos normales”, debido a que dicho proceso suele alargarse a tres meses, mientras que la denuncia de difamación y calumnias que presentó Kamel Nacif en contra de Cacho —por involucrarlo en la red de pederastia protegida por el poder político— dilató sólo un mes y fue integrada desde la oficina particular de Blanca Laura Villeda. También resaltó que el caso lo haya llevado un ministerio público especializado en materia electoral, cuando los presuntos delitos son de carácter penal.

La magistrado hizo un recuento de la investigación de los magistrados y destacó las irregularidades de la integración del expediente jurídico en contra de la periodista, además, repudió la conversión entre Marín y Kamel, no obstante, dijo que según la Constitución en su artículo 16, es imposible utilizar la misma con valor probatorio.

Al decirlo, Blanca Laura Villeda sonrió irónicamente y observó a Lydia Cacho, pero la periodista la ignoró.
“Considero que pudiera completarse el informe, no me opondría a que se regresara el informe, pero en lo personal sustento el proyecto de Ortiz Mayagoitia, aunque si hay razones suficientes, adelante”. Incluso al momento de votar, la ministro titubeó, suspiró y dijo: “en contra del dictamen”.

En su oportunidad, “poniendo los puntos sobre las íes” Sergio Salvador Anguiano le reviró a Genaro Góngora Pimentel —quien un día antes aludió a tribunales de Argentina, Alemania y otros países para considerar la conversación irregular con valor probatorio—, y es que Anguiano comentó que la Constitución era clara al prohibir el uso de pruebas irregulares con valor probatorio.

Enfatizó en las atribuciones de los magistrados y jueces establecidas en el artículo 97 de la Carta Magna, el cual asegura que los mencionados actuarán con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley.

“Nosotros somos una instancia constitucional” señaló Anguiano, al tiempo de invitar al resto de los ministros a una “reflexión” sobre la Constitucionalidad de la Corte y sus delimitaciones.

Juan Silva Meza “poniendo las iés sobre los puntos” reiteró que la investigación encargada por el Congreso de la Unión era “sui generis” y ejemplificó con el caso de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en la que la Suprema Corte determinó que hubo violaciones graves de las garantías individuales y ahondó más en la investigación. Cabe señalar que dicho caso fue disparado por un video, también adquirido de manera irregular e ilícita.

“Tenemos que estudiar las confabulaciones entre las autoridades (…) Sabemos que las grabaciones no tienen valor probatorio, pero sí tiene efectos, hay que reconocer los efectos. Está la existencia fáctica de la conversación, y necesitamos precisión en la investigación”.

En tanto, Sergio Valls Hernández con diccionario en la mano dijo: “Averiguar significa, según el diccionario Real de la Lengua Española, inquirir la verdad hasta descubrirla (…) Necesitamos la verdad en sí misma, ayer señalé que me parecía incompleto el informe, que era necesario ampliar la jurisdicción. Necesitamos esclarecer la verdad en el caso del Ejecutivo de Puebla, de quien nada se investigó, sólo se tomó en cuenta a las autoridades judiciales, a la Procuraduría y jurisdiccionales, quienes en los estados dependen del gobernador. Por eso digo que es necesario ampliar la investigación, no es satisfactoria, hace falta ampliarla”.

Guillermo Ortiz Mayagoitia —coordinador del proyecto de dictamen presentado— dijo durante su intervención que el Congreso de la Unión no requiere de la recomendación de la Corte para iniciar un juicio político en contra de Mario Marín, y es que para el magistrado el caso Marín-Nacif tiene preceptos políticos y no jurídicos.
Mayagoitia defendió el proyecto de dictamen que exoneraba al mandatario poblano hasta el final de la sesión, no obstante, dijo que no está de acuerdo con la impunidad y con la violación de las garantías que pudo haber sufrido la periodista.

“No estoy por la impunidad, sino por entender y delimitar las labores de la Suprema Corte en este caso, el cual tiene mucho contenido político (…) La resolución que nos piden es eminentemente política, pues los magistrados no encontraron vestigios de la consertación (…) ¿La investigación se puede hacer más amplia? Claro que se puede, pero no tiene caso”.

El magistrado Juan Díaz Romero apuntó que la investigación realizada fue de “primera” y exhortó a los integrantes de la Corte a no recurrir a las presunciones: “Estamos frente a una presunción humana, no legal”.

El magistrado propuso hacer a un lado la conversación Marín-Nacif y averiguar la conducta del gobernador a través de otros medios.

José de Jesús Gaudiño subrayó su molestia en la metodología que siguieron los magistrados para hacer la investigación, pues a su consideración, el tráfico de influencias no fue agregado en los expedientes.

La conversación Marín-Nacif da una “pista”, un “indicio” para corroborar las presunciones, pero no son el resultado de la investigación: “No hay que confundir el efecto legal, la consecuencia jurídica con el resultado material”.

Severo, Gaudiño exigió que la investigación sea elaborada con base a hechos y no expedientes de las autoridades poblanas, ya que de hacerlo nuevamente así, las conclusiones serán las mismas y se volverá a exonerar y excluír al mandatario poblano.

“Esto no sólo se trata de Derechos Humanos, sino de la independencia y autonomía de los tribunales estatales”, puntualizó.

Para Genaro Góngora, uno de los ministros más críticos y ácidos en torno al caso Marín-Nacif, expresó que las presunciones y evidencias son suficientes para considerar que Mario Marín sí intervino en la detención de Cacho para “satisfacer componendas privadas” con Kamel Nacif.

Mariano Azuela lo interrumpió y le dijo: “Ministro usted está dando por hecho que el gobernador intervino”.

Es importante, señaló José Ramón Cossío, que se tome en cuenta el contexto y la participación de los funcionarios estatales en posible contubernio con Kamel Nacif.

“Para refutar hay dos caminos, el sugerido para ampliar la averiguación incluido afectación a niñez mexicana y el segundo que hubo defecto de la investigación que dejó aspectos relevantes. No me queda claro, qué hubiera acontecido si se hubiera utilizado la hipótesis del contenido del audio simplemente como línea de investigación”

Finalmente, Mariano Azuela, con el argumento de que había mayoría, se rehusó a fijar una postura y sólo votó a favor del proyecto de dictamen.

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